Logro de SATSE: Inspección de Trabajo requiere a la Conselleria a dotar de vehículos a los centros de salud

Esta situación se prolonga desde hace décadas: el personal debe desplazarse a domicilios alejados de los centros sanitarios en coches, motos, bicicletas e incluso patinetes eléctricos propios, bajo la amenaza de exponerse a un expediente disciplinario si no realiza la asistencia.

El Sindicato recuerda que, para trabajar en centros de salud y consultorios auxiliares de la Comunidad Valenciana, se exige el título de enfermera, pero no el carné de conducir ni disponer de un vehículo para ponerlo al servicio de la Conselleria.

En los avisos ordinarios se transportan medicamentos peligrosos, muestras de sangre, heces y orina, y material de curas usado. Un derrame puede contaminar el vehículo, cuya limpieza recae sobre el propio personal, con el consiguiente riesgo para las enfermeras y sus familiares o allegados. En las urgencias, además, se trasladan bolsas con medicación que superan los 13 kilos y bombonas de oxígeno con riesgo de explosión.

El Sindicato presentó veintitrés denuncias ante Inspección porque las enfermeras llevan décadas obligadas a utilizar sus vehículos particulares para prestar asistencia domiciliaria

SATSE denunciaba que el obligar a los profesionales a poner sus vehículos particulares a disposición de la Conselleria de Sanidad, vulnera tanto la normativa sanitaria estatal, la laboral, la de prevención de riesgos laborales y la normativa de tráfico, además de vulnerar el derecho a la protección de la propiedad privada. 

Pues, la Ley General de Sanidad exige dotar a los centros de los medios materiales necesarios; la normativa de prevención de riesgos laborales indica claramente la  utilización de equipos de trabajo y protección frente a agentes biológicos y obliga a evaluar y prevenir los riesgos, además de proporcionar vehículos homologados y adaptados, formar y autorizar al personal, garantizar una vigilancia específica de la salud y asumir la limpieza y el mantenimiento. 

Asimismo, el Reglamento General de Vehículos reserva la asistencia sanitaria a vehículos registrados y acondicionados para ese servicio, mientras que la Constitución y el Código Civil protegen la propiedad privada y limitan su puesta a disposición de la Administración a situaciones de catástrofe o emergencia.

Las evaluaciones de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales reconocen explícitamente el uso de vehículos particulares y califican el riesgo entre moderado e importante. Sin embargo, no se adoptan medidas preventivas y la responsabilidad de la limpieza, el mantenimiento, la ITV y los seguros continúa recayendo sobre los profesionales, quienes se ven obligados a usar sus vehículos particulares para prestar un servicio a la ciudadanía.

Las inspectoras de trabajo manifestaron su perplejidad ante los incumplimientos de la Conselleria y advirtieron de los riesgos laborales y patrimoniales a los que se expone a sus trabajadores y trabajadoras, recordando que la Administración sanitaria no está exenta de cumplir la normativa.

Intento de frenar las denuncias

Tras estas actuaciones, la Conselleria de Sanidad se puso en contacto con SATSE el pasado septiembre para intentar frenar las denuncias. Ante la negativa del sindicato, el viernes 11 de septiembre, a última hora del día, la Conselleria de Sanidad comunicó que prepara un contrato de 19 millones de euros para alquilar 475 vehículos a repartir entre Atención Primaria, Puntos de Atención Continuada y Unidades de Hospitalización a Domicilio.

Cálculos sobre necesidades de vehículos

El Sindicato de Enfermería está terminando de elaborar un estudio sobre las necesidades de vehículos para los centros de salud y consultorios auxiliares, por Departamento de salud y provincia, que estará en unos días, pero que ya avisamos que será muy superior a los 475 vehículos anunciados por la Conselleria de Sanidad, pues se debe cubrir las necesidades de dotación de vehículos en cantidad suficiente, para el personal sanitario de los 283 centros de salud y 565 consultorios auxiliares.

SATSE advierte, no obstante, de que este anuncio no resuelve otras obligaciones pendientes, como la vigilancia de la salud y las autorizaciones administrativas de las personas que vayan a utilizar los vehículos.