Inspección de trabajo confirma la falta de personal en Urgencias del H. Marina Baixa

El informe de Inspección señala que la Administración no ha aplicado las medidas obligatorias derivadas de la Evaluación de Riesgos Psicosociales de 2024, incumpliendo el artículo 16.2.b de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, por lo que exige la implementación de todas las medidas preventivas pendientes, incluido un ajuste real de plantilla, para lo que fija un plazo máximo de seis meses.

SATSE Alicante ha mostrado su satisfacción por este “toque de atención" a la Conselleria fruto de la denuncia presentada el pasado año ante las evidencias de un grave déficit estructural de personal. Según los cálculos realizados por el Sindicato basados en estándares del Ministerio de Sanidad, son necesarias, al menos, siete enfermeras entre semana y nueve en fines de semana y festivos, además de entre uno y tres TCAEs por turno. A esta carencia, se suma un aumento significativo de la presión asistencial, con 71.459 pacientes atendidos en 2023 frente a los 63.400 utilizados como referencia, lo que supone un incremento del 12,71%.

Informe de la UPRL

De hecho, la Evaluación de Riesgos Psicosociales, realizada en noviembre de 2024 por la Unidad de prevención de riesgos laborales del hospital Marina Baixa, detectó niveles elevados de riesgo entre los trabajadores del Servicio de Urgencias en seis de nueve factores críticos, entre ellos la carga de trabajo, las demandas psicológicas o la falta de autonomía. El propio informe recomendaba, expresamente, ajustar el número de profesionales a la demanda real, una medida que, según la Inspección ha incluido en su informe, no ha sido aplicada de forma efectiva, limitándose la Conselleria a establecer refuerzos temporales e insuficientes.

El delegado sindical de SATSE en el Departamento de Salud Marina Baixa, Luís Giménez, ha asegurado que la resolución de Inspección confirma una situación “inasumible y peligrosa” para los trabajadores y exige medidas inmediatas, adviendo que, mantener estas condiciones, no solo supone un incumplimiento legal, sino que pone en riesgo la salud del personal, deteriora la calidad asistencial y aumenta la probabilidad de incidentes.

Por todo ello, SATSE Alicante ha anunciado que vigilará el cumplimiento del requerimiento y no descarta nuevas acciones si la Conselleria no actúa dentro del plazo establecido.