SATSE y otros sindicatos de Sanidad denuncian el bloqueo de las 35 horas

El acuerdo alcanzado debía implantarse y consolidarse para mejorar las condiciones laborales de todo el personal pero lleva dos años paralizado porque la Conselleria lo quiere renegociar, o incluso anular. Lo firmado, fruto de una intensa negociación entre Sanidad y las organizaciones sindicales, debería seguir plenamente vigente. Su incumplimiento denota el desprecio hacia el trabajo sindical realizado y perpetúa el deterioro de nuestra sanidad pública.

La distribución de la jornada de 35 horas semanales de lunes a viernes en turno fijo es una medida que el conseller Marciano Gómez podría haber implementado sin modificar lo pactado, ya que el marco legal tanto autonómico como estatal lo permite. Sin embargo, a noviembre de 2025, dicha jornada aún no se ha implantado, generando frustración entre el personal y un agravio comparativo con otras comunidades autónomas que sí la han aplicado, lo que les permite atraer y retener a más profesionales.
 

El nuevo calendario de movilizaciones se inicia el 16 de diciembre.

Malestar y pérdida de confianza 

El personal sanitario había acogido con especial ilusión muchas de las medidas acordadas, ya que suponían una mejora real en sus condiciones laborales y en la conciliación de la vida profesional y familiar, además de repercutir positivamente en una atención sanitaria de mayor calidad. No obstante, la decisión de la Conselleria de aplazar la aplicación completa de la jornada de 35 horas y vincularla a desarrollos normativos y presupuestarios ha generado malestar, movilizaciones y una pérdida notable de credibilidad.

Los sindicatos de sanidad recuerdan al conseller que ni las formas ni el fondo han sido adecuados. Plantear una renegociación, durante la próxima legislatura, de un acuerdo ya firmado y con desarrollo previsto desde 2023, supone un claro incumplimiento del compromiso adquirido. Las organizaciones sindicales exigen que la Conselleria abra de forma inmediata una mesa de negociación para abordar esta situación y evitar un conflicto mayor.

Tanto el personal sanitario como la ciudadanía llevan muchos meses siendo víctimas de la mala gestión de esta Conselleria. El conseller ha pasado de incumplir sus compromisos y debilitar la negociación colectiva, a demostrar que carece de la capacidad necesaria para gestionar. El personal ha sido víctima de decisiones unilaterales, imposiciones verticales y un desprecio sistemático al diálogo social.

Marciano Gómez confunde autoridad con autoritarismo. La imposición de medidas no puede ser la base de una política sanitaria moderna, participativa y orientada al bien común. La Conselleria de Sanidad no había vivido hasta ahora una etapa de deterioro tan profundo en las relaciones laborales, ni una desconexión tan evidente con la realidad de los centros sanitarios, lo que está afectando gravemente tanto a las condiciones laborales como a la calidad asistencial.